Argentina: avances y falencias en derechos humanos
BUENOS AIRES — Según el principal organismo especializado en el tema, hubo avances pero también falencias en cuanto a la vigencia de los derechos humanos en la Argentina durante 2007.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) difundió el miércoles su informe anual.
El CELS destaca "el protagonismo que han conseguido los temas de derechos humanos en la agenda de los distintos poderes del Estado, pero los problemas de articulación y gestión estatal impiden -aún en este escenario favorable- lograr avances mayores en la protección efectiva de esos derechos".
Actualmente hay 212 causas abiertas en todo el país por violaciones a los derechos humanos durante la pasada dictadura militar, instaurada en 1976, que ostenta uno de los peores antecedentes en cuanto a la comisión de crímenes de lesa humanidad en América latina. Según cifras oficiales, hizo "desaparecer" a unos 13.000 disidentes políticos, una cantidad que los organismos de derechos humanos hacen ascender a 30.000.
El CELS indica que de esas causas, unas 139 están en movimiento, con unas 1.036 personas imputadas en procesos penales vinculados al terrorismo de Estado.
Pero hasta el momento, recuerda el Centro, solamente 17 han sido condenadas, de un total de 399 personas procesadas y de ellas 330 detenidas con carácter preventivo.
El CELS critica la lentitud de los procesos y una serie de graves hechos registrados, como las intimidaciones a testigos, abogados y funcionarios judiciales que participan en esos procesos.
El Centro, al mismo tiempo, "insta al Estado a no reducir la política de derechos humanos al juzgamiento de crímenes de terrorismo de Estado" y "exhorta un mayor compromiso para generar una cultura democrática de los derechos humanos, que incluya los problemas más graves y urgentes del presente".
"Las condiciones de detención en cárceles y dependencias policiales argentinas están lejos de adecuarse a los parámetros internacionales", dice el informe.
El CELS consigna como hecho halagüeño la disminución en un 75%, el año pasado, de hechos de violencia institucional con participación de las fuerzas de seguridad.
"La política de disuasión y control del uso de la fuerza asumida por el gobierno nacional ha sido uno de los principales avances institucionales de los últimos años y un eje fundamental en la reforma de las prácticas de las fuerzas de seguridad federales", expresa el CELS.
"La expansión del Producto Bruto Interno (PBI), de los salarios y de los niveles de ocupación registrada desde 2003 (cuando asumió la presidencia Néstor Kirchner, que abandonó su cargo el 10 de diciembre) no generó un aumento de la participación de los asalariados en el ingreso, que en 2007 fue del 27%, un 11% inferior a 2001", cuando se desencadenó la peor crisis económica y social argentina de los últimos 100 años.
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